NORMATIVA DE APLICACIÓN

NORMATIVA ESTATAL, AUTONÓMICA Y LOCAL

LEGISLACIÓN GENERAL.

Constitución Española de 1978

Carta Europea de Autonomía Local

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local

Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales

Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local

Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales

Decreto 157/2016, de 4 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Andalucía y se establecen determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al Registro Andaluz de Entidades Locales.

Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales.

Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de Enterramientos en Cementerios Municipales.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indica que el sector público español